FRANCISCO POVEDA BLANCO Doctor en Ciencias Económicas, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de Escuela Universitaria (en excedencia) y Catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Alicante.

"Los ciudadanos de la clase media y baja son los grandes perjudicados por la crisis al deteriorarse su status hasta límites impensables sin que pueda acusárseles, y no a todos, más que de imprudencia durante los tiempos de esplendor. Por el contrario, los principales causantes de la crisis siguen gozando de privilegios, recibiendo dinero público y enriqueciéndose. Así ocurre con los bancos, sus ejecutivos, las grandes compañías, los brokers, las agencias de calificación y los políticos corruptos e ineficientes que siguen ocupando puestos de relevancia y percibiendo pingües beneficios, pese a su ineptitud. No hablemos de unos gobiernos que reciben dinero a mansalva para cubrir su dilapidación, mientras andan a tijeretazo limpio con los gastos sociales y establecen impuestos sin empacho, hasta a las rentas del trabajo. 
Es indiscutible la conveniencia de suprimir el derroche y el gasto improductivo, pero no así la procedencia de rebajar los gastos sanitarios y de educación, entre otros gastos sociales, o la de aplicar más impuestos para salir de este profundo bache que nos lleva a una nueva recesión que, en previsiones del Fondo Monetario Internacional, durará dos largos años, mientras que para Almunia terminará a finales del 2012. Sin embargo, los gobiernos europeos que adolecen de exceso sobre el nivel de déficit presupuestario recomendado -3%- o que tienen un endeudamiento superior al reglado como deseable -el 60% del PIB- no dudan en amputar gastos empleando una fórmula tan constrictiva que haría salir de su tumba a Keynes, porque es la antítesis de las políticas de estímulo del New Deal que ayudó al mundo tras la Gran Depresión, o del Plan Marshall que permitió la recuperación europea tras la Segunda Guerra Mundial. 
Pero como los tijeretazos a diestro y siniestro en el gasto ante los irracionales dispendios del pasado no bastan para lograr el equilibrio financiero, los gobiernos, pese a sus convicciones, también actúan sobre los ingresos, sacando del ostracismo la tan recomendada como incumplida ecuación: Gastos públicos = Ingresos públicos. Rajoy es el ejemplo de la contradicción entre el dicho y el hecho: ha aumentando los tributos aunque aún resuena su incesable letanía del "no subiremos los impuestos"Éy seguirá subiéndolos para que los números cuadren. La cuestión radica, no tanto, en si los aumentará o no -que sí lo hará- sino en que acierte con las medidas para que la inequidad fiscal que padecemos no se acreciente, perjudicando una vez más a los que menos tienen impidiendo a la vez el crecimiento.
La principal medida fiscal en el IRPF ha recaído especialmente sobre los más modestos dañando las vías de reactivación. Si los próximos cambios siguiesen un camino similar será imposible reavivar el consumo como condición indispensable para crear empleo. Los expertos tributarios coincidimos en que nuestro sistema fiscal ha sufrido demasiados parches y retoques convirtiéndolo en un conjunto complejo de impuestos, anacrónico e injusto que incumple el mandato constitucional. Por eso se pide una reforma integral del mismo. Quizás no sea este el momento, y sea preferible realizar cambios que, sin viciar más el sistema, lo perfeccionen, a la vez que ayuden a recaudar más sin que sigan pagando justos por pecadores.
La mejor reforma fiscal debería incidir en la lucha contra el fraude, y la adopción de medidas preventivas contra la evasión fiscal, entre las que destacaríamos la necesidad de acabar con la corrupción y la descomposición de los valores de nuestra sociedad. Para ello nada mejor que aumentar el número de quienes trabajan en la judicatura y en la inspección fiscal, porque se ganarían bien el sueldo y sancionarían a los insolidarios, sin olvidar que se debería aumentar el tiempo de prescripción general en el ámbito fiscal, absurdamente limitado a cuatro años.
Debe prevalecer una idea: no dañar al consumo; dado que nos encontramos ante una crisis cuyo perfil más relevante, además del financiero, es la caída de la demanda. Por eso, no se debe gravar más al trabajo. Por el contrario, convendría reformar el Impuesto de Patrimonio para que sin recaer sobre las clases medias se grave a las grandes fortunas. Hay que sacar a las sicav del limbo fiscal en el que habitan "in illo tempore", y hay que impedir otros medios de evasión legal porque el consumo no se resentirá si se exige algo más a los que más tienen, que son, en general quienes se han beneficiado de la crisis mientras el grueso de los ciudadanos se ha empobrecido con ella incrementando la desigualdad social.
También habría que aplicar, como lo hará Francia, un impuesto a las transacciones financieras a cargo de los bancos, y elevar los impuestos sobre el tabaco y el alcohol. Eliminar la retahíla de exenciones, desgravaciones y prebendas innecesarias que en nuestros impuestos se contemplan, especialmente en el de Sociedades, y en el IBI, que sin incentivar a casi nada ni nadie, suponen una sangría para las arcas públicas. Por el contrario, es conveniente moderar la fiscalidad de autónomos y pymes, y eliminar la sobreimposición sobre la vivienda. Habría que reducir las elevadas cotizaciones sociales a cambio de la reestructuración del IVA para mejorar nuestras exportaciones. Todo ello para salir del atolladero en el que unos irresponsables, calificándolos con benevolencia, nos metieron durante los tiempos de vino y rosas, y todavía con el mayor desparpajo y cinismo siguen declarando que lo hicieron bien."